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Lo nuevo sobre Plusvalías Municipales  ||
Fecha: 00-00-0000
El Tribunal Supremo determina el alcance de la sentencia del Constitucional sobre la plusvalía
 
La Sala Tercera considera que, tras la STC 59/2017, puede liquidar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en los casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
 
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra una Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón al estimar que éste interpretó de manera correcta el ordenamiento jurídico al considerar que la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite no acceder a la rectificación de las autoliquidaciones del IIVTNU y, por tanto, a la devolución de los ingresos efectuados por dicho concepto, en aquellos casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, supuestos en los que los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) resultan constitucionales y, por consiguiente, los ingresos, debidos.
 
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Aguallo, interpreta el alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017. Considera, de una parte, que los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que debe darse al fallo y fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, "adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial".
"En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar (…) que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos) no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE".
 
De otra parte, entiende que "el artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, ‘no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene’, o, dicho de otro modo, porque ‘impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5)’”.
 
Es, precisamente, esta nulidad total del artículo 110.4 del TRLHL la que, de acuerdo con la Sala Tercera, "posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL".
 
En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva obtenida en la transmisión del terrero, considera el tribunal, en primer lugar, que corresponde "al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido"; en segundo término, que para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU "podrá el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla" (como es, por ejemplo, la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas); y, en tercer lugar, en fin, que aportada "por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía".
 
Finalmente, considera el tribunal que en la medida en que la existencia de una plusvalía real y efectiva resulta perfectamente constatable sobre la base del empleo de los medios de comprobación que establece la Ley General Tributaria en los artículos 105 y siguientes, medios que permiten rechazar que la norma autorice a la Administración para decidir con entera libertad el valor real del terreno onerosamente transmitido, no existe -en los casos en los que se liquida el IIVTNU- vulneración de la reserva de ley tributaria recogida en los artículos 31.3 y 133.1 CE, ni quiebra alguna del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).
 
Autor: Comunicación Poder Judicial
 
Rescatamos un artículo escrito por  José María Salcedo, socio abogado de Ático Jurídico, en el que nos indica cómo deberíamos actuar tras la sentencia.
 
El reciente dictamen del Tribunal Supremo sobre la Plusvalía Municipal va a traer cola. El Supremo entierra la posibilidad de anular el pago cuando hubo ganancias y permite al contribuyente aportar pruebas para confirmar que vendió con pérdidas.
 
La sentencia del 9 de julio de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo sobre el cobro de la llamada plusvalía municipal interpreta algunos puntos que quedaron en el aire del dictamen del Tribunal Constitucional del 11 de mayo de 2017 sobre este impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IITNU), aunque no quedan del todo claros.
 
En los últimos meses, muchos Tribunales Superiores de Justicia venían considerando que todas las liquidaciones, tanto las gananciales como en las que hubo pérdidas, del impuesto de plusvalía municipal eran nulas de pleno derecho. Seguían esta doctrina aplicando los artículos declarados inconstitucionales y nulos, y que habían sido expulsados del ordenamiento jurídico en la pasada sentencia del Constitucional, del 11 de mayo de 2017.
 
Ahora, el Tribunal Supremo, en sentencia dictada este 9 de julio, ha puesto fin a esta interpretación, enterrando las expectativas de muchos contribuyentes.
La principal novedad de sentencia del Tribunal Supremo es la de considerar que la sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de mayo de 2017, declara dos tipos de inconstitucionalidad para los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4, de la Ley de Haciendas Locales, que regulan el impuesto de plusvalía municipal.
 
Por un lado, la de los artículos 107.1 y 107.2.a), que regulan la base imponible del impuesto, es una inconstitucionalidad parcial, y solo se producirá cuando se graven situaciones en las que no se ha producido incremento de valor.
 
Por otro lado, la inconstitucionalidad del artículo 110.4 es total. Dicho artículo impedía aportar pruebas para acreditar la inexistencia de incremento de valor, frente al resultado obtenido de aplicar las normas del impuesto.
 
Ahora los contribuyentes deberán aportar un principio de prueba de la inexistencia de incremento de valor (por ejemplo, las escrituras). Con ello no lograrán evitar que se les exija el impuesto, sino trasladar la carga de la prueba de la existencia de tal incremento a la Administración.
 
Para llegar a tal interpretación, el Tribunal Supremo no se acoge a la literalidad de la sentencia del Constitucional, sino a la 'ratio decidendi' de la misma. Es decir, se fija en la razón de fondo que motivó la declaración de inconstitucionalidad. Y ésta es, en este caso, la vulneración del principio de capacidad económica, que se produce cuando se gravan transmisiones en las que no ha existido incremento de valor del terreno.
 
El Supremo considera que el Tribunal Constitucional no pretendía anular todas las liquidaciones de plusvalía municipal, ni considerar nulos e inconstitucionales los artículos que regulan la normativa del impuesto en todos los casos, sino tan sólo en los supuestos de transmisiones en pérdidas.
 
Como se ha dicho, de una lectura literal de la sentencia cuesta extraer los dos tipos de inconstitucionalidad a que se refiere el Supremo. Del mismo modo, la sombra de la expulsión del ordenamiento jurídico de los tres artículos referidos es alargada, y cuesta admitir que dos de ellos, seguirán siendo perfectamente aplicables.
 
Cómo desbeberíamos actuar a partir de ahora
 
Como se ha dicho, dos artículos, el 107.1 y el 107.2.a) de la Ley de Haciendas Locales seguirán siendo aplicables a pesar de haber sido expulsados del ordenamiento jurídico. Estamos ante preceptos que bien podrían calificarse como de ‘muertos vivientes’.
 
De hecho, en puridad no podrá hablarse de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico, porque en cualquier momento podrán recobrar su vigor y vitalidad, y aplicarse indiscriminadamente a los contribuyentes. Esto ocurrirá en las plusvalías en las que exista incremento de valor. Pero también cuando el contribuyente no aporte un indicio de prueba sobre la inexistencia de incremento de valor, o cuando, aportado éste, la Administración acredite que el valor del terreno sí se ha incrementado.
 
En muchos casos será el juez el que finalmente decida si el artículo es en el caso concreto inconstitucional o no, en función de la prueba aportada. Los artículos expulsados del ordenamiento jurídico serán, por tanto, provisionalmente válidos, salvo que un Juzgado diga lo contrario. Volvemos por tanto al reino de taifas, en el que cada Juzgado impondrá su particular valoración de la prueba, y regirá la inseguridad jurídica.
 
Navarra, un caso aparte…
 
Por si fuera poco, el Supremo obvia en su resolución, la importante sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra en febrero de este mismo año, que estimó el primer recurso de casación autonómico dictado en relación a este impuesto. En virtud de dicha sentencia, se consideran expulsados del ordenamiento jurídico los artículos que regulan el impuesto a nivel foral, y se anulan las plusvalías dictadas en los últimos años, incluso en supuestos de transmisiones con ganancias.
 
Curiosamente, el Supremo se refiere a dicha sentencia del TSJ navarro, pero la nombra como una más de las dictadas por otros Tribunales, sin hacer referencia al importantísimo matiz, de que dicha sentencia resuelve un recurso de casación. Por tanto, mientras en Navarra los recursos planteados por los contribuyentes contra las plusvalías con ganancias serán estimados, en el resto de España ocurrirá lo contrario.
 
Hay que dejar claro que la sentencia veda la posibilidad de obtener la devolución del impuesto pagado, cuando en la transmisión del terreno se haya producido incremento de valor.
 
A los contribuyentes que transmitieron el terreno obteniendo una ganancia, sólo les queda confiar en que el Supremo considere al menos, que la fórmula de cálculo de la base imponible del impuesto es errónea.
 
Por otro lado, y en cuanto a la carga de la prueba, ésta corresponde ahora al contribuyente. Y decimos ‘ahora’, porque varios los Tribunales venían considerando que los ayuntamientos debían, con carácter previo a la liquidación del impuesto, acreditar la existencia de incremento de valor.
Ahora a los contribuyentes les bastará con aportar un principio de prueba (las simples escrituras, por ejemplo), para trasladar la carga de la prueba al Ayuntamiento. Pero cuidado que, si éste justifica la existencia de incremento de valor mediante un informe técnico, la prueba con simples escrituras resultará del todo punto insuficiente.
 
En la práctica, por tanto, lo prudente será acudir al recurso no sólo con las escrituras, sino también con una prueba pericial.
2013 © Isabel y Roberto S.L.
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